La protección del medio ambiente ocupa un lugar primordial en la agenda internacional, lo cual, desde una perspectiva jurídica, se ha materializado en un amplio desarrollo del Derecho ambiental. El derecho al medio ambiente ha sido plasmado en diversos instrumentos normativos, y elevado a la categoría de derecho universal.

Por este motivo, la existencia de un entramado de infracciones y sanciones acordes a los diferentes atentados contra el medio ambiente resulta esencial para su protección. Numerosos Estados ya contemplan medidas sancionatorias, y no solo a nivel administrativo, sino también en el orden penal. La entidad de ciertos daños ambientales hace necesaria una respuesta penal, por lo que esta dimensión es un elemento esencial de la justicia ambiental. En España, por ejemplo, existe un catálogo de delitos ecológicos tipificados en el Código Penal.

No obstante, el medio ambiente es un fenómeno global y, por tanto, urge dar un paso más en su protección: la adopción de medidas es responsabilidad de la comunidad internacional, que debe ejecutarlas de forma conjunta y armonizada. En este contexto, la UE cobra protagonismo, dado el elevado nivel de integración normativa existente entre sus Estados miembros. Dado que la protección del medio ambiente se erige como principio de la UE y base de las políticas europeas, este carácter armonizador también alcanza al Derecho ambiental.

El objetivo de este proyecto es analizar la regulación internacional y europea existente para identificar vías que permitan reforzar la protección del medio ambiente, poniendo el foco en la perspectiva punitiva. En último término, se pretende ofrecer una solución viable para desarrollar una legislación internacional de lucha contra la impunidad de las catástrofes ambientales provocadas por la mano humana, y la UE es el escenario idóneo para ser el punto de partida de esa armonización y cooperación supranacional en materia ambiental.