La incorporación de la inteligencia artificial a nuestras sociedades ha sido un rápido proceso que ha afectado todos los ámbitos de la vida humana en los últimos años. El avance de esta tecnología ha supuesto la apertura de una nueva serie de debates sociales y políticos que señalan la falta de conocimiento del funcionamiento de la IA y los enormes riesgos que puede presentar, a los que el Derecho tiene la obligación de hacer frente.

En respuesta a esta situación la Unión Europea lleva desde el año 2018 trabajando en el horizonte de la Inteligencia Artificial como un nuevo campo de estudio y, desde el año 2020 con la propuesta de una regulación armonizada para toda la Unión, este objetivo ha sido prioritario. La visión de la UE ha sido la de crear una regulación común para los 27 Estados miembros y que se encuentre basada en la ética. Esta normativa será previsiblemente adoptada a lo largo del año 2024 y marca un hito con la aprobación de la primera regulación de la IA en el mundo.

Con la aprobación de esta normativa se abre un nuevo reto jurídico y social para la UE que debe garantizar la protección de sus ciudadanos frente a una tecnología que no para de evolucionar -a mayor velocidad de lo que lo hace el Derecho- y que tiene especial incidencia en los derechos fundamentales como en la protección de datos, la privacidad o la libertad de expresión e ideológica -presupuesto necesario para permitir procesos de sufragio libres- así como en la sociedad, ya que la irrupción de la IA va a producir una transformación en los mercados laborales.

Las decisiones que se tomen en torno a esta regulación van a ser fundamentales para el futuro de las sociedades democráticas y el Estado de Derecho, así como en el impacto de la Unión Europea en el mundo y sus relaciones con terceros Estados. El objetivo de esta tesis se centra en el estudio de los riesgos que presenta actualmente la IA y cómo estos se reflejan en la UE, analizar las propuestas regulatorias que se han hecho desde los organismos europeos y cómo pueden estas impactar en el papel de la UE en el marco de Gobernanza Digital y en su relación con terceros estados y realizar propuestas para mejorar la aplicación de esta normativa desde la perspectiva de protección de los Derechos Fundamentales.