El Derecho de las Insolvencias se erige como un pilar esencial de cualquier sistema legal. Su razón de ser radica en la necesidad de establecer un marco normativo de aplicación a empresas o individuos que experimentan dificultades que les impiden cumplir con sus obligaciones.

Tradicionalmente, esta área ha sido asociada a procedimientos orientados a maximizar el valor de los activos de negocios inviables para devolver a los acreedores el mayor porcentaje de sus créditos conforme a un orden de prelación prestablecido por ley. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha tomado conciencia de que los deudores pueden experimentar dificultades financieras u operativas que, superadas, permitirían continuar con actividades económicamente viables. Así, han nacido formas alternativas de hacer frente a las insolvencias, como los procedimientos de restructuración, que ofrecen un marco estructurado bajo el que renegociar parte o la totalidad de la deuda.

Además de este nuevo paradigma, el panorama actual ha de enfrentarse a los desafíos planteados por las insolvencias transnacionales, que surgen, por ejemplo, cuando existen acreedores en otras jurisdicciones o los activos se encuentran repartidos en diferentes países, de forma que los deudores quedan potencialmente sujetos a una pluralidad de regímenes de insolvencia, con la incertidumbre que ello conlleva. Los miembros de la Unión Europea, conscientes de la complejidad que implicaba armonizar las diversas normativas nacionales optaron por establecer un régimen común de normas de Derecho Internacional Privado.

Sin embargo, esta solución resulta insuficiente para abordar la complejidad de las insolvencias internacionales y los nuevos procedimientos que han ido surgiendo, por lo que en 2011 se inició un proceso de armonización sustantiva del Derecho de las Insolvencias Europeo, que se está realizando a través de Directivas. Ello supone que el régimen de Derecho Internacional Privado de las Insolvencias continúa teniendo un papel clave, ya que los Estados Miembros gozan de una cierta discrecionalidad en la transposición de las Directivas.

En la práctica existen importantes disparidades entre ambos regímenes, e, incluso, incompatibilidades, que han llevado a varios Estados Miembros a evadir la aplicación del régimen de Derecho Internacional Privado Europeo de insolvencias.

Por ello, el presente proyecto pretende identificar todos los puntos de incompatibilidad, conflicto y lagunas entre las citadas normas, ofreciendo soluciones a estas. Asimismo, pretende anticiparse a desafíos futuros que puedan surgir con la evolución del marco legal europeo, para evitar nuevos errores y promover un Derecho Europeo de las Insolvencias coherente y eficaz.