Madrid. 14 de enero de 2022.  Rafael Yuste, neurocientífico de la Universidad de Columbia (Nueva York), ha anunciado que “en un plazo de 10 o 20 años, como mucho, ya existirán tecnologías capaces de adentrase en el cerebro humano para registrar nuestra actividad y también para manipularla”. “En los laboratorios ya hemos sido capaces de alterar el comportamiento de animales, por lo que esas posibilidades se explorarán en humanos para combatir un sinfín de enfermedades”, ha añadido. También ha advertido a la sociedad de la necesidad de preparar las leyes para regular ese futuro escenario.

“El cerebro humano tiene tantos nodos o conexiones como tres veces todo el Internet de la Tierra”, ha comentado Yuste para hacer ver toda su complejidad. Para el principal impulsor del proyecto ‘Brain’, en el que el Gobierno de Estados Unidos ha invertido 6.000 millones de dólares, “el objetivo principal de estas investigaciones hacia tecnologías que permitan adentrarse en el cerebro humano es la búsqueda de soluciones y tratamientos a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, la epilepsia, la esquizofrenia…”. “Esas mismas herramientas que nos podrían ayudar a curar a una persona esquizofrénica nos podrían permitir registrar la actividad cerebral de una persona sana y descifrarla o cambiarla y alterar esa mente. Aún nos faltan herramientas -ópticas, acústicas, químicas, magnéticas…- pero, poco a poco, estamos desarrollando estas tecnologías para acceder a esos circuitos cerebrales y solucionar esos problemas”, ha añadido.

Más allá de encontrar solución a todas esas enfermedades, Rafael Yuste ha admitido que “el cerebro genera la mente humana y todo lo que somos sale de él: la memoria, los pensamientos, la imaginación, las emociones, el yo, el subconsciente…” “Sabremos qué es el ser humano, por qué hacemos lo que hacemos”, ha admitido el científico madrileño, que ha reconocido que le mueven los mismos intereses que cien años atrás impulsaron las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal.

Sobre los posibles cambios en la regulación, Yuste ha mencionado la responsabilidad de los científicos de alertar a la sociedad y a los juristas: “Si no afrontamos esto con cautela, se nos puede llevar por delante ya que puede cambiar la esencia del ser humano”. En 2017, un grupo de expertos en neurociencia e inteligencia artificial estudiaron el potencial de estas tecnologías y concluyeron que estaban ante un problema de derechos humanos. “Propusimos nuevos derechos humanos o neuroderechos para proteger a la ciudadanía de estas tecnologías tan potentes, como el derecho a que nadie entre sin nuestro consentimiento en nuestro cerebro, el derecho a conservar la propia personalidad, también el derecho al libre albedrío o el derecho a la protección ante posibles sesgos”, ha recordado.

Para Tomás de la Quadra-Salcedo, exministro de Justicia y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, la solución pasa por “regular esos neuroderechos”. “El derecho suele ir detrás del progreso científico, pero en este caso tenemos la suerte de contar con un plazo de tiempo razonable para adaptar el derecho a esa futura situación que está por venir y contemplar las posibilidades de estas interfaces cerebro-computadora”. Ha recordado que ya existen herramientas capaces de escribir lo que pensamos y ha lanzado varios interrogantes: “¿Podemos perder libertad por el avance de las tecnologías? ¿Podemos hablar de una dependencia del hombre de las máquinas? ¿Podemos hablar de la obsolescencia del hombre? ¿Podrá decidir cada persona si quiere ser aumentada implantándole un chip para aumentar sus capacidades? ¿Vamos a tener dos especies humanas: una aumentada y otra sin aumentar? Hay muchos retos pendientes y todo esto nos exige la aprobación de nuevos derechos”. Para este jurista, este replanteamiento del mundo del derecho debe de partir desde instituciones transnacionales como la Organización de las Naciones Unidas “ya que estamos ante un reto global, que no entiende de fronteras”. “Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha manifestado que en 2023, con motivo de la celebración de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, quizá deberíamos estudiar su posible actualización incluyendo por ejemplo el derecho al olvido en internet, replantear la libertad de expresión y el odio e incluir también los neuroderechos”, ha asegurado.

Por su parte, la jurista María Emilia Casas, del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces, ha afirmado que “estas neurociencias tienen una capacidad de invasión en la dignidad humana aún mayor que la digitalización”. “Necesitamos un instrumento internacional que proteja a los ciudadanos de estos nuevos riesgos. Hay que construir un sistema entero. Quien tiene la tecnología tiene un ejercicio de poder frente a quienes no la tienen. Necesitamos unir fuerzas porque cuando la ciencia llegue a estos límites tendríamos que haberle encontrado ya acomodo en el derecho”.