Los dos espacios polares de la Tierra -Ártico y Antártida- han estado tradicionalmente al margen de las relaciones internacionales y en gran parte, de los intereses geoestratégicos de los Estados, debido a su lejanía y condiciones inhóspitas. Pese a sus indudables similitudes, son, no obstante, dos espacios que se caracterizan por unos rasgos propios y diferenciados, lo que ha condicionado la creación de distintos mecanismos que sirven para asegurar su gobernanza política.

Mientras la Antártida se ha convertido en un auténtico global common, un Patrimonio de toda la Humanidad regulado por un régimen específico, el Ártico se mantiene como un espacio marítimo más, aunque hasta ahora helado, regido a diversos niveles por el Derecho Internacional universal -especialmente el Derecho del Mar-, diferentes ordenamientos regionales (particularmente el Derecho de la Unión Europea en algunos Estados árticos) y el propio derecho interno de los Estados árticos. 

El factor que más ha determinado la entrada como importante protagonista del Ártico en la escena geopolítica, económica e incluso científica internacional - lo que explica el contenido de los tres paneles abordados en este congreso científico- ha sido sin duda el complejo proceso de calentamiento global, con el que el deshielo ha llegado incluso a desvanecer la lejanía y marginalidad propias de esta región. 

En efecto, el cambio climático abre todo un mundo de oportunidades, riesgos e intereses capaces de llegar a generar tensiones. Ante la ausencia de un marco jurídico regional y específico, cada posibilidad de desarrollo o uso de la región tiene consecuencias imprevisibles. La apertura de nuevas rutas oceánicas nuevas rutas oceánicas, es decir posibilidades para el comercio y el turismo, aumenta los riesgos para la seguridad del tráfico marítimo, así como la explotación de los abundantes recursos energéticos de la región conlleva preocupaciones para el medioambiente o la salud y las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas. Además, y en una perspectiva soberanista, la delimitación de una plataforma continental ampliada puede hacer desaparecer -dependiendo de los desarrollos y la práctica que tenga lugar sobre la base de las peticiones presentadas ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental- el concepto de Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos; la preocupación por la regulación de las pesquerías puede hacer desvanecer la libertad de pesca en alta mar o incluso la noción del alta mar; se plantean asimismo riesgos a la seguridad entendida en sentido clásico -militar-, debidos a la escalada de acontecimientos en los Estados árticos.

Todo apunta a un posible conflicto de intereses entre los Estados ribereños del océano Ártico y los interesados en el uso de estos nuevos espacios libres de hielo, que ha de resolverse sobre las premisas del tradicional Derecho Internacional o estableciendo nuevas normas para el mismo. A este respecto, no es improbable que dicho ordenamiento se adecúe a las necesidades de los más poderosos Estados árticos, provocando un nuevo equilibrio internacional, especialmente en lo que a navegación y pesca en el alta mar se refiere. 

Este mundo de oportunidades y riesgos ha despertado el interés -cuando no la preocupación- de clásicos sujetos de la escena internacional, los Estados árticos primordialmente, pero también de otros sujetos y actores cada vez más relevantes en las relaciones internacionales, que abogan o bien por la internacionalización de este espacio o por llevarse su parte en el mismo. Poblaciones indígenas, foros políticos al más alto nivel, como el Consejo Ártico, Estados y grupos de Estados -particularmente la Unión Europea- son los principales stakeholders que, junto a los Estados árticos, definirán el futuro de la región. España, que prepara en la actualidad su primer documento de estrategia política para las regiones polares, es también y sin duda un actor interesado en el futuro del Ártico.